La oficina de asuntos públicos del departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos, emitió un comunicado de prensa el pasado 10 de agosto de 2023, en el que tituló:
“Corficolombiana pagará $80 millones de dólares estadounidenses para resolver las investigaciones por soborno en el extranjero”.
Un titular que contrasta con los medios colombianos como PORTAFOLIO, El Tiempo y SEMANA que quisieron hacer ver el proceso como un éxito:
“Justicia de EEUU deja libre de investigaciones a grupo aval por caso ODEBRECH”.
Lo claro es que la justicia americana impuso una millonaria multa a Corficolombiana, filial del Grupo Aval de propiedad de Luis Carlos Sarmiento, por prácticas corruptas en Colombia al haberse asociado con la multinacional Odebrecht y pagar sobornos a funcionarios públicos con el fin de obtener un contrato “para construir y operar una autopista de peaje conocida como la ampliación Ocaña-Gamarra” en el proyecto de la Ruta del Sol II. Con la multa, las empresas de Sarmiento Angulo asumen una responsabilidad institucional y reconocen que incurrieron en prácticas corruptas.
A continuación, comparto resumen del comunicado oficial:
“La Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), una institución de servicios financieros, ha acordado pagar más de $80 millones de dólares para resolver las investigaciones paralelas sobre sobornos realizadas por autoridades penales, civiles y administrativas de los Estados Unidos y Colombia, derivadas del involucramiento de la empresa en un ardid para pagar millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Colombia. Según los documentos del tribunal, Corficolombiana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) de tres años con el Departamento en relación con una querella penal en la que se le imputó el cargo de asociación delictuosa para violar la disposición contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.
Entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa con Odebrech S.A y algunas filiales del grupo AVAL, para ofrecer y pagar más de $23 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano con el fin de obtener un contrato para construir y operar una autopista.
“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades”
dijo el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron.
“La resolución de hoy demuestra que la justicia tiene un precio muy alto para quien intenta sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros”
declaró el subdirector Luis Quesada, de la División de Investigaciones Penales del FBI.
La Brigada de Corrupción Internacional del FBI en Miami está investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Fiscalía General de la Nación de Colombia proporcionaron asistencia sustancial en el asunto.Un solo un clic te separa de recibir la mejor información del departamento.
