El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha rechazado la implementación de la suspensión del alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, impuesta por la Procuraduría General de la Nación. En una carta divulgada recientemente, Petro argumenta que llevar a cabo la sanción vulneraría los derechos humanos políticos del alcalde, lo que podría tener implicaciones para la responsabilidad internacional del Estado. El presidente cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para respaldar su posición.
La procuradora, Margarita Cabello, ha respondido señalando que Petro desconoce las atribuciones que le otorga la Constitución y expresó su preocupación por la posible ruptura de la democracia. La decisión de la Procuraduría de suspender al alcalde por tres meses está relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de la red de alcantarillado y acueducto de Riohacha, que fueron detectadas en un proceso de investigación llevado a cabo en abril.
El presidente argumenta que es su deber garantizar el cumplimiento de los estándares convencionales establecidos por la Corte IDH y que cumplir con la solicitud de la Procuraduría pondría al país en riesgo de enfrentar demandas por presuntos actos ilícitos internacionales.
La disputa entre Petro y Cabello también tiene un fuerte componente político, ya que la procuradora es vista como una rival del mandatario y su movimiento político. Además, se plantean diferencias en cuanto a la interpretación de las atribuciones de la Procuraduría y su papel en la sanción de funcionarios electos por voto popular. Esta situación ha generado tensiones adicionales entre ambas figuras políticas y sus respectivos seguidores.
