En un impactante testimonio durante dos audiencias públicas llevadas a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las ciudades de Dabeiba y Medellín, el sargento retirado Fidel Iván Ochoa Blanco, admitió haber participado en el asesinato de personas inocentes que no tenían ninguna conexión con el conflicto armado en Colombia.
En su declaración, el soldado confesó que estas acciones no eran actos aislados o perpetrados por individuos corruptos, sino que formaban parte de una práctica sistemática ordenada desde los altos mandos militares de la época. Ochoa señaló específicamente al general retirado Mario Montoya, quien asumió el mando de la Séptima División, como responsable de impulsar esta política.
«Estos ‘falsos positivos’ se volvieron sistemáticos cuando el general Montoya asumió el mando. Con insinuaciones, nos decía que los únicos resultados que importaban eran los muertos»
, reveló Ochoa.
Tras estas acusaciones de ejecuciones sumarias, el expresidente y exsenador, Álvaro Uribe Vélez, reconoció, a través de su cuenta de Twitter, que los falsos positivos cometidos durante su gobierno mancharon la llamada «seguridad democrática», la cual consideraba como un logro para el país. Uribe expresó su dolor y admitió que estos delitos eran graves sin importar la cantidad de casos o las acusaciones falsas. Añadió que su afectación era aún mayor debido a su profundo aprecio por los soldados y policías de Colombia.
En respuesta a las palabras de Uribe, el partido político Centro Democrático, emitió un comunicado en el cual afirmaba que más de la mitad de los asesinatos identificados en Dabeiba ocurrieron antes de que Uribe asumiera la presidencia. Además, señalaron que, durante su Gobierno, las denuncias no fueron desestimadas y se actuó de manera inmediata y respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
También mencionaron que destituyeron a 27 altos mandos militares en octubre de 2008, incluyendo al general retirado Mario Montoya, a quien responsabilizaron de dar las órdenes de ejecución de los falsos positivos.
Sin embargo, las declaraciones de Uribe no fueron bien recibidas por las víctimas del conflicto armado. Consideran que, más allá de un reconocimiento, sus palabras fueron un intento de evadir responsabilidad al culpar a otros gobiernos.
En las redes sociales, Uribe y su partido fueron criticados por estigmatizar y revictimizar a las víctimas cuando se revelaron las verdades ocultas en el cementerio Las Mercedes, en Dabeiba, el año pasado. Durante ese episodio, el partido del expresidente catalogó como «fake news» la información sobre el asesinato de Edison Lezcano Hurtado, un campesino de 22 años, a manos del Ejército.
Amparo Mejía, líder de la organización Madres de la Candelaria-Línea Fundadora, lamentó la declaración del expresidente.