La Corte Constitucional declaró que las mujeres no deben cotizar 1.300 semanas para pensionarse, sino que este requisito se reducirá gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas a partir del 2026.
La decisión se basó en una demanda que cuestionaba la ley que establecía esta exigencia por considerarla discriminatoria y contraria al derecho a la protección social.
La Corte argumentó que las mujeres enfrentan desigualdades en el acceso a la seguridad social y que la diferencia en la edad pensional no es suficiente para garantizar su equidad de género.
Por eso, ordenó al Congreso y al Gobierno diseñar un nuevo régimen pensional que tenga en cuenta las condiciones de las mujeres, especialmente las cabezas de familia. Además, les pidió adoptar políticas y programas que reconozcan la economía del cuidado y protejan a quienes la realizan.
