El escándalo por los audios del exembajador Armando Benedetti, quien afirmó haber recaudado unos 15.000 millones de pesos para la campaña presidencial de Gustavo Petro, ha generado reacciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que ya inició las indagaciones desde febrero pasado.
El magistrado Benjamín Ortiz, encargado del caso, citó para la próxima semana a Benedetti y a Laura Sarabia, exjefa de gabinete del mandatario, para que entreguen sus testimonios y aclaren el origen y destino de los recursos que ingresaron a la coalición del Pacto Histórico, una unión de siete movimientos y partidos políticos de izquierda y centroizquierda.
Sin embargo, una magistrada del mismo bloque político de Petro pidió que se nombre una comisión especial que amplíe el número de investigadores en este proceso y garantice los derechos de los implicados.
Alba Lucía Velásquez, del Pacto Histórico, envió una carta a la presidenta del CNE, Fabiola Márquez, en la que propone conformar una comisión de tres magistrados, sin despojar a Ortiz de su responsabilidad. “Ha sido una práctica del Consejo Nacional Electoral conformar comisiones especiales en casos de relevancia e interés nacional como el que se estudia”, argumentó la funcionaria, recordando que así se hizo con la campaña de Juan Manuel Santos en 2014.
