Colombia se prepara para solicitar formalmente la extradición de Salvatore Mancuso, uno de los excomandantes de los paramilitares que se desmovilizaron en 2006, y quien fue recientemente designado por el presidente Gustavo Petro como «gestor de paz» para trabajar en su Gobierno. La oficina del consejero presidencial de Paz informó que activarán los mecanismos diplomáticos necesarios para concretar el requerimiento de extradición de Mancuso desde Estados Unidos, donde cumple una condena por narcotráfico desde su captura en 2008.
La noticia de su designación como «gestor de paz» el pasado 23 de julio generó polémica y controversia en Colombia. Mancuso, alias «El Mono», fue uno de los líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), un grupo paramilitar involucrado en graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado en el país. Después de dejar las armas como parte del acuerdo de desmovilización, fue requerido por Estados Unidos por narcotráfico y extraditado sorpresivamente por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2008, sin haber aportado información clave para esclarecer la verdad sobre el conflicto y sin haber reparado a las víctimas, como se estipulaba en el acuerdo de paz.
El rol que desempeñará Mancuso en el Gobierno de Petro no ha sido especificado, y ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para trabajar en temas de paz y reconciliación, considerando su pasado vinculado a la violencia y crímenes atroces. Mientras algunos sectores de la oposición han criticado duramente esta decisión, las familias de las víctimas esperan que con su regreso se pueda esclarecer el paradero de cientos de cadáveres y conocer la verdad sobre los patrocinadores de los grupos paramilitares.
Desde prisión, Mancuso ha amenazado con revelar información sobre relaciones entre el paramilitarismo y líderes políticos y empresariales, lo que ha aumentado la expectativa en torno a su regreso al país. En mayo, el excomandante se ofreció a colaborar en la búsqueda de unos 200 cuerpos de personas asesinadas por las AUC cerca de Venezuela y sepultadas al otro lado de la frontera.
El acuerdo de paz de 2006 contemplaba que los jefes paramilitares enfrentaran hasta ocho años de cárcel en Colombia a cambio de su desarme y confesión de crímenes. Sin embargo, los cabecillas fueron extraditados sin previo aviso, lo que dejó sin cumplir muchas expectativas de justicia y reparación para las víctimas. El llamado «proceso de paz» en Colombia ha estado plagado de desafíos y obstáculos, y la inclusión de Mancuso en el Gobierno de Petro plantea nuevos retos y descontentos dentro y fuera del país.
