El Ministerio de Justicia de Colombia, bajo la dirección del ministro Néstor Osuna, ha propuesto un nuevo incentivo para los campesinos que decidan abandonar los cultivos ilícitos, especialmente de coca. El objetivo principal de esta medida es recuperar las selvas colombianas y fomentar el desarrollo de la economía legal en las zonas anteriormente utilizadas para el cultivo ilegal. 

Según Osuna, los campesinos que tomen la decisión de dejar los cultivos de coca recibirán un subsidio temporal como compensación por permitir que la selva recupere su estado natural. Esta medida forma parte de una nueva política de drogas implementada en el país, la cual requerirá un presupuesto aproximado de dieciocho billones de pesos.

El ministro Osuna destaca que esta es una iniciativa crucial, ya que permitirá llevar el Estado social de derecho, la democracia, la prosperidad y la economía legal a las zonas donde hasta ahora solo ha existido la opción de dedicarse a cultivos ilícitos. La idea es reemplazar la economía basada en el cultivo de coca por una economía legal y sostenible.    

El plan también implicará la colaboración y coordinación con otros organismos del Estado para su ejecución exitosa. Si bien la inversión necesaria es significativa, Osuna asegura que está dentro de las posibilidades del Estado colombiano. 

El ministro enfatiza que aquellos campesinos que dejen de cultivar recibirán el subsidio económico mientras encuentran una actividad lícita alternativa en otra área. Esto representa una oportunidad para las comunidades marginadas y, al mismo tiempo, dificulta la operación del narcotráfico, el lavado de activos y el comercio internacional de drogas.

Es relevante mencionar que esta propuesta se enmarca en un conjunto de propuestas más amplias presentadas por el Gobierno de Gustavo Petro en relación con la política de drogas. Una de estas propuestas anteriores incluía la posibilidad de legalizar al menos el 67% de los cultivos de coca en todo el país, con el objetivo de despenalizar los pequeños y medianos cultivos y facilitar su transición hacia actividades económicas legales.

Esta idea fue objeto de críticas en su momento, pues se temía que legalizar la mayoría de los cultivos de coca pudiese tener consecuencias no deseadas y podría afectar los esfuerzos de persecución penal contra los narcotraficantes y la erradicación forzada de estos cultivos ilegales.

En resumen, la propuesta del Ministerio de Justicia de Colombia busca ofrecer un incentivo económico a los campesinos que dejen de cultivar coca y otras drogas ilícitas, con el fin de recuperar las selvas del país y fomentar una economía legal y sostenible en esas áreas anteriormente dedicadas a cultivos ilegales. Esta medida es parte de un conjunto más amplio de estrategias implementadas para abordar el problema de los cultivos de coca en el país.