La deuda de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con los hospitales públicos de Risaralda continúa aumentando, superando los 250.000 millones de pesos. A pesar de los acuerdos de pago existentes, los centros médicos no están recibiendo los recursos adeudados, lo que genera una situación preocupante para las autoridades de salud del departamento.
La liquidación de diferentes EPS, como Medimás y Café Salud, entre otras entidades, ha llevado a los hospitales de Risaralda a enfrentar una delicada situación financiera. Estas instituciones se encuentran con carteras de difícil recaudo, acumulando deudas que superan los 250 mil millones de pesos, lo que genera grandes inquietudes en las autoridades de salud.
El diputado de Risaralda, Carlos Andrés Gil, ha solicitado al gobierno departamental que tome acciones urgentes para evitar una crisis financiera en los centros médicos públicos y prevenir posibles cierres temporales de servicios que afectarían a los usuarios de diferentes municipios. La situación es especialmente preocupante debido a las carteras vencidas que superan los 350 días, lo que dificulta aún más el recaudo de las deudas dejadas por las EPS liquidadas.
Uno de los hospitales que enfrenta mayores dificultades es el Hospital de Santa Mónica, ubicado en el municipio de Dosquebradas. Según la gerente de la entidad, Luz Marina Ossa, este hospital tiene una deuda que supera los 41 mil millones de pesos. La EPS Medimás, por ejemplo, dejó una cartera de 18.000 millones de pesos, la cual resulta muy difícil de recuperar de manera inmediata. Además, ha sido imposible obtener el segundo nivel de todas las entidades prestadoras de salud, lo que agrava aún más la situación.
De manera similar, el Hospital San Pedro San Pablo de La Virginia registra una deuda que supera los 12 mil millones de pesos. Ante esta situación, se espera que las autoridades departamentales implementen estrategias que permitan saldar todas las deudas que los centros hospitalarios de Risaralda tienen pendientes. Es fundamental garantizar la estabilidad financiera de estos centros para asegurar la prestación de servicios de salud de calidad a la comunidad.
