La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades locales para que atiendan la grave situación humanitaria que se vive en el municipio de Nóvita, Chocó, donde más de 5.000 personas están confinadas por un paro armado del ELN que empezó el 27 de mayo. Además, otras 600 personas se desplazaron la semana pasada por los combates entre este grupo guerrillero y el Clan del Golfo.
Según la Defensoría, el paro armado ha impedido la movilización de las caravanas humanitarias que buscan llevar alimentos, medicinas y otros insumos a las personas afectadas por el conflicto. Muchas de ellas han sido acogidas por familias del casco urbano de Nóvita, que también sufren el desabastecimiento y la falta de servicios.
La situación se agrava por el colapso de un puente vehicular en el municipio de Río Iró hace más de 20 días, que no ha sido reparado y dificulta el transporte fluvial y terrestre en la zona. La Defensoría pidió al Gobierno y a las autoridades locales que garanticen los derechos a la alimentación, al agua potable, a la libre movilidad, a la salud y a la vida de las personas que están en riesgo.
La Defensoría también informó que está trabajando para abrir un corredor humanitario que permita la llegada de ayuda a Nóvita y a las comunidades desplazadas. Asimismo, hizo un llamado al ELN y al Clan del Golfo para que respeten el derecho internacional humanitario y cesen las hostilidades que afectan a la población civil.