La Procuraduría General de la Nación anunció que busca establecer si los dos altos funcionarios del Gobierno incurrieron en fallas por acción o por omisión.
Foto: Pulzo
Los disturbios en Los Pozos, corregimiento de San Vicente del Caguán (Caquetá), dejaron un saldo trágico de un policía asesinado y dos de los manifestantes muertos. Pero, además, incluyeron el secuestro de 78 uniformados que fueron vejados, humillados y hurtados.
Al parecer la reacción de apoyo, por parte del gobierno, para estos policías habría sido tardía, primero, con el envío de refuerzos para rescatar a los secuestrados, y luego, con la llegada de miembros del gabinete para atender los requerimientos de los manifestantes.
Las imágenes y audios que se dieron a conocer, dejan ver los momentos de angustia y desesperación donde los uniformados solicitaron apoyo y dicen que ya no pueden contener más las manifestaciones que llegaron hasta el punto de la violencia, es así que fue imposible que el grupo prestara los primeros auxilios al intendente asesinado.
Se podría pensar que hay suficiente información sobre lo ocurrido, aun así, muchos aspectos de los acontecimientos permanecen inconclusos, por lo que, para tratar de esclarecer los hechos, la Procuraduría General de la Nación, decidió abrir una indagación al ministro Prada y también al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la presunta omisión de sus funciones durante las manifestaciones.
El Ministerio Público destaca que la retención de los uniformados duró más de 24 horas.
Tan pronto como se conoció la decisión de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro, se pronunció en desacuerdo ya que considera que la protección de los civiles era uno de los factores determinantes dentro del proceso, aseguró que su administración dialoga “con la
sociedad para proteger la vida”. Y terminó con esta afirmación: “Desde las
oficinas de Bogotá es fácil ordenar la muerte. Nuestros ministros y militares
actuaron correctamente”. Fuente: Pulzo
