El Gobierno de Gustavo Petro pierde el apoyo del Partido de La U, La colectividad de Dilian Francisca Toro se declara en independencia tras una reunión con el presidente, que no atendió sus críticas a la reforma laboral.
El Partido de La U, que hasta ahora había sido uno de los aliados del gobierno de Gustavo Petro en el Congreso, anunció su paso a la independencia tras una reunión entre su presidenta, Dilian Francisca Toro, y el mandatario.
El encuentro se realizó el lunes (15 de mayo) en la Casa de Nariño y fue tan reservado que solo se supo de él cuando ya había terminado. Sin embargo, lejos de acercar posiciones, la cita evidenció las diferencias entre el Ejecutivo y la colectividad sobre las reformas que impulsa el gobierno progresista.
Según fuentes del Partido de La U, Dilian Francisca le expresó a Petro su inconformidad con la forma en que el gobierno está llevando a cabo la reforma laboral, pensional y de salud, sin buscar consensos con los demás partidos ni atender sus sugerencias.
La gota que rebosó la copa fue la presentación de una ponencia de la reforma laboral que no convence a los congresistas de La U, quienes consideran que afecta a las pequeñas empresas y vulnera los derechos de los trabajadores. La ponencia fue anunciada por la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, sin tener en cuenta que ese texto no cuenta con el respaldo de toda la bancada del Gobierno.
“La intransigencia del Gobierno Petro hace que ningún partido quiera estar ahí”, comentó una fuente de La U a este diario.
Con este anuncio, el gobierno pierde el apoyo de uno de los partidos más grandes del Congreso, que tiene 14 senadores y 25 representantes. Ya antes, el Partido Conservador se había declarado independiente, el Liberal está analizando ese paso y Cambio Radical pasó de la independencia a la oposición, junto con el Centro Democrático.
Las reformas laboral y pensional de Petro son las más polémicas y han generado protestas sociales tanto a favor como en contra. El gobierno defiende que son necesarias para garantizar la equidad y la dignidad de los colombianos, mientras que sus detractores las ven como un atentado contra la economía y el empleo.