La reforma a la salud que impulsa el Gobierno de Petro podría generar la pérdida de 100.000 empleos formales, según Acemi. 

La asociación médica cuestionó algunos artículos del proyecto que fue aprobado en primer debate en Cámara y que busca transformar el sistema de salud en Colombia. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), expresó sus inquietudes sobre el proyecto de ley de reforma a la salud que presentó el Gobierno de Gustavo Petro y que fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes. 

De acuerdo con la entidad, la iniciativa podría afectar la calidad y la continuidad de la atención a los usuarios y provocar la desaparición de 100.000 empleos formales en el sector.

  

Paula Acosta, presidente de Acemi, manifestó que “nos preocupa cómo va a ser la atención para los usuarios. Puede haber una fragmentación importante en el servicio, eso significa que van a haber barreras para acceder desde servicios más sencillos hasta los más complejos”. Entre los puntos que generan controversia a la asociación se encuentran el artículo cuarto, que define el modelo de salud como un derecho universal y elimina conceptos como el plan de beneficios y la unidad de pago por capitación (UPC); y el artículo quinto, que establece un pagador público y único (Adres) y la creación de prestadores (Caps), que coordinarán la atención en salud de la población.

  

Así mismo, Acemi señaló que el proyecto plantea metas difíciles de cumplir, como la construcción, habilitación y operación de al menos 2.000 Centros de Atención Primaria (Caps) en dos años. Además, indicó que las gestoras que nacen con el nuevo modelo no tendrán los recursos ni las funciones de las EPS, las cuales quedarán repartidas entre el pagador público, los fondos territoriales, las unidades de planeación y evaluación departamentales y los Caps. “Con eso, es muy probable que se alarguen los tiempos de espera para medicina especializada y cirugías y atención integral de pacientes de alto costo. También es previsible que se desperdicien recursos”, afirmó la entidad.

También criticaron la creación de una nueva prima de riesgo que consideran incompatible con un modelo de financiamiento a la oferta como el propuesto. 

Finalmente, argumentaron que se está instaurando un modelo de aseguramiento en el que no se traslada a un tercero los recursos, sino el riesgo en salud. “Se girará 80% de los recursos por adelantado a los prestadores. Los usuarios perderán la posibilidad de elegir su asegurador. Solamente elegirán el centro de atención”, concluyeron.

  

Ante este panorama, Acemi se sumó al “Pacto Nacional por un mejor Sistema de Salud”, una iniciativa firmada por más de 60 actores del sector, entre ellos asociaciones de usuarios, gremios, academia, pacientes, exministros y organizaciones sociales, que le pidieron al Gobierno retirar el proyecto¹². Augusto Galán y Fernando Ruiz, exministros de Salud, fueron algunos de los líderes de esta propuesta. “La gran mayoría de técnicos del sector han hecho múltiples objeciones al proyecto. Lo más sensato sería retirarlo”, comentó Ruiz.

  

Otro exministro que se mostró crítico con el proyecto fue Alejandro Gaviria, quien afirmó que el debate va mal en la forma y en el fondo, y que los consensos están lejos. Gaviria señaló que la reforma propone un sistema abierto, sin plan de beneficios, sin UPC y sin contrato con los prestadores del servicio de salud. Aseguró que la reforma no define claramente el papel de las EPS en aspectos como la coordinación de las redes y en las prestaciones económicas. También aseguró que plantea un sistema fragmentado que terminará afectando la atención primaria. Además, dijo que un sistema como ese llevaría a una crisis financiera.