La Ley de Garantías, establecida para regular la contratación pública en Colombia, busca prevenir la corrupción y asegurar la igualdad de condiciones en los procesos electorales del país. Durante los cuatro meses previos a cualquier elección, gobernadores, alcaldes y directores de entidades públicas del orden territorial están sujetos a una serie de prohibiciones.
Según la Ley 2159 de 2021, en este período, se prohíbe realizar contratos, adjudicar obras o aprobar suministros de bienes y servicios con recursos públicos. No obstante, se permiten contratos directos que demuestren una necesidad con la continuidad del servicio, como la contratación de asistentes legales o jurídicos.
La Ley de Garantías entró en vigencia el 29 de junio, en preparación para las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. Durante este tiempo, diversas actividades proselitistas también se encuentran restringidas, como la utilización de recursos públicos para reuniones con fines políticos o la inauguración de obras públicas en eventos con participación de candidatos.
Es importante que las entidades públicas acaten estas disposiciones para asegurar una elección transparente y el uso adecuado de los recursos públicos. La Ley de Garantías, una herramienta vital para preservar la integridad democrática en Colombia.
